Parecería un poco tarde para hablar de las prioridades de los Consejos de Administración en el 2019, cuando estamos por comenzar el segundo trimestre. Sin embargo, el ambiente de transformación propiciado por el cambio de administración en la política mexicana, justificaban una mayor reflexión.

En efecto, si bien varios de los temas que constituirán (si es que ya no constituyen) prioridades para los consejeros de empresas mexicanas coinciden con la tendencia mundial y derivan – en parte – del surgimiento de nuevos riesgos y retos, el ambiente de cambio que se vive actualmente en México genera algunas peculiaridades.

Sin duda alguna, temas como las nuevas tecnologías disruptivas; los riesgos de ciberseguridad; el talento y plan de sucesión de directivos claves; la administración y protección de datos; y, por supuesto, la cultura y ética empresarial, dominarán las discusiones en las sesiones del Consejo, como ya lo venían haciendo desde finales del año pasado, aunque quizás ahora con afianzado énfasis.

En lo que se refiere a la cultura y ética empresarial, tema éste bastante amplio, los consejeros deberán dar especial prioridad a la transparencia absoluta en todos los ámbitos de la empresa: en sus relaciones con accionistas, empleados, proveedores, contrapartes, clientes y el propio gobierno.

El Consejo de Administración y, en especial, sus Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, en su caso, como órganos de supervisión y vigilancia y de dirección en materia de administración de riesgos, deben escuchar el llamado de la sociedad civil y mostrar alineación con la estrategia de combate a la corrupción definida por el Gobierno Federal, en cabeza de nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, el Consejo de Administración y la administración deberán asumir una postura proactiva de combate a la corrupción, propiciando la transparencia efectiva por parte de la empresa, sus empleados y sus directivos.

No importa si la empresa interactúa frecuentemente o no con el poder público, el riesgo de verse inmerso en un posible evento de corrupción, puede dañar significativamente la reputación y credibilidad de la misma. Por ello, mis recomendaciones para los consejeros de empresas mexicanas son las siguientes:

• Asegurarse que la empresa cuente con un programa robusto de prevención frente a actos de corrupción. No basta con comprobar que se cuente con una política en la materia, sino que deben conocerla y asegurar que no sea letra muerta. Adicionalmente, el programa debe contemplar controles eficaces de prevención, así como planes de comunicación y capacitación a los empleados.
• Asegurarse que exista una cultura genuina de ética y escalamientoque proteja a quienes reporten potenciales prácticas corruptas o que creen la apariencia de un conflicto de interés y que asegure la oportuna investigación de los hechos.
• Establecer y mantener una política de cero-toleranciahacia eventos de corrupción y aparente conflicto de interés, asegurando que los mismos no queden impunes y los involucrados reciban las sanciones disciplinarias pertinentes, hasta sus máximas consecuencias.
• Mantener una comunicación cercana con el Director de Administración de Riesgos, Oficial de Cumplimiento Regulatorio (Compliance) o similar, y asegurar que les mantenga actualizados sobre las principales áreas de exposición a riesgos de corrupción en la empresa y las acciones que se estén tomando para mitigarlos.
• Fomentar la total transparenciapor parte de la empresa en sus relaciones e interacciones con terceros, prestando especial atención al rol de agentes, gestores y demás representantes de la empresa.
• Exigir a la alta dirección de la empresa su involucramiento en el combate a la corrupción, tanto al interior de la empresa como en el sector empresarial y la sociedad en general, estableciendo un claro ejemplo desde los niveles superiores (´tone from the top´) que faciliten que se permeen estos comportamientos hacia el resto de la organización.

Por último y de ser esto posible, se recomienda contar con un consejero independiente con experiencia en administración de riesgos en general o, mejor aún, en mecanismos de combate a la corrupción en particular. En caso contrario, es importante que el Consejo de Administración cuente con la posibilidad de contratar, de así estimarlo necesario o prudente, un asesor externo experto en la materia.